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El INJUVE está llevando a cabo un estudio sociológico para determinar la incidencia de la pandemia en el mercado laboral juvenil.

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CAPLEA

Santander,21.05.2020 -


La juventud española, sumida en una gran precariedad estructural a raíz de la crisis de 2008, se sitúa ahora como un colectivo con un alto riesgo de exclusión social, particularmente en lo que respecta al acceso y permanencia en el mercado de trabajo. Así lo muestran los primeros datos de un estudio sociológico que está llevando a cabo el INJUVE para determinar la incidencia de esta pandemia en el mercado laboral, un impacto que se prevé especialmente grave entre la juventud, dada la inestabilidad, temporalidad y sectoralización de los trabajos ocupados por las personas jóvenes.

El secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez Peralta, y la directora general del Instituto de la Juventud (INJUVE), María Teresa Pérez Díaz, han mantenido este martes, 19 de mayo, una reunión por videoconferencia con los ministros y secretarios de Estado de Juventud de la UE con el objetivo de analizar el impacto que la COVID-19 ha tenido en la juventud, en concreto en lo que respecta al acceso a los servicios de asesoramiento (counselling), herramientas digitales, participación juvenil y oportunidades de empleo, así como las medidas que pueden adoptarse, tanto a nivel nacional como en el marco de la Unión, para apoyar a uno de los sectores más vulnerables a las consecuencias económicas y sociales de esta pandemia.

El desarrollo de un Plan de desescalada en el ocio educativo, reforzar el programa de empleo joven Garantía Juvenil, impulsar un Ingreso Mínimo Vital con perspectiva juvenil o la creación de una plataforma que reúna a todas las asociaciones europeas han sido algunas de las medidas abordadas en el foro.

Es por ello que el secretario de Estado de Derechos Sociales comenzaba este martes su intervención ante sus homólogos europeos destacando la necesidad de aplicar políticas públicas y medidas de cohesión y protección social enfocadas prioritariamente a la juventud y que, en el caso español, se traducirían en: el impulso de un Ingreso Mínimo Vital con perspectiva juvenil o en la renovación del programa de Garantía Juvenil, adaptado a las nuevas condiciones de reconstrucción económica y social, a nivel nacional y europeo, entre otras medidas.

La Secretaría de Estado de Derechos Sociales y el INJUVE también han anunciado estar trabajando, en colaboración con las Comunidades Autónomas y las entidades sociales, en un Plan de desescalada en el ocio educativo con el objetivo de permitir la realización de actividades como campamentos de verano con las máximas garantías.

Así lo ha explicado Álvarez en una reunión en la que también ha trasladado otras de las medidas centrales impulsadas en el caso español como: la flexibilización y agilización de los trámites administrativos asociados a proyectos nacionales y europeos, incluidos los enmarcados en los programas europeos Erasmus+: Juventud en Acción y Cuerpo Europeo de Solidaridad; facilitar el acceso a los recursos materiales que permitan a los jóvenes continuar con sus actividades asociativas, así como atenuar las consecuencias de la brecha digital; etc.

La creación de una plataforma que reúna a todas las asociaciones europeas y nacionales con el objetivo de compartir recursos y facilitar la cooperación entre ellas, ha sido otra de las peticiones de las organizaciones y organismos de juventud que se ha podido trasladar a los ministros europeos.

La Estrategia de la UE para la Juventud (2019- 2027), las Metas de la Juventud (Youth Goals) y la Agenda 2030 facilitan el diagnóstico y los recursos para afrontar la cooperación y la solidaridad europea en esta coyuntura y de cara al futuro. Es imprescindible incorporar en nuestras políticas todas esas conclusiones europeas que determinan los objetivos comunes de las políticas de juventud con el apoyo de los instrumentos europeos y sus programas, ha concluido Nacho Álvarez.

Fuente: INJUVE